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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido este miércoles el recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, que busca prorrogar el traslado «forzoso» de menores no acompañados entre comunidades autónomas. Este recurso fue encargado por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y ya ha sido admitido a trámite, según ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.
Recurso ante el Tribunal Constitucional
El Real Decreto establece un límite en el número de menores extranjeros no acompañados que cada comunidad autónoma puede atender en su sistema de protección, manteniendo un reparto obligatorio que se inició en 2025. Este sistema fue establecido mediante el Real Decreto-ley 2/2025, que ya ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por diez comunidades autónomas, incluida Madrid.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha presentado un total de seis actuaciones judiciales para frenar diversas decisiones del Gobierno central en materia migratoria. Entre estas acciones se encuentra la impugnación del Real Decreto-ley 2/2025 y del Real Decreto 658/2025, argumentando que invaden sus competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social.
Críticas al Gobierno Central
El consejero de Presidencia ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que los menores «no han llegado por generación espontánea» a la Península, sino que han sido traídos por su administración. Además, ha señalado que esta situación perjudica a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular mientras se busca beneficiar a otras como Cataluña y País Vasco.
«Estamos dando todas las batallas para defender el interés general y exigirle al Gobierno que controle las fronteras», enfatizó el consejero durante una rueda de prensa. La Comunidad de Madrid continúa presionando para que se tomen medidas efectivas frente al «caos migratorio» actual.
Recursos adicionales ante el Supremo
Además del recurso contra el Real Decreto 556/2026, la Comunidad también ha impugnado los Reales Decretos 743/2025 y 556/2026, cuestionando la capacidad establecida por el Ministerio de Juventud e Infancia para atender a los menores extranjeros no acompañados. La administración regional sostiene que este mecanismo es inconstitucional y afecta sus competencias en materia social.
La situación sigue generando un intenso debate sobre cómo gestionar la llegada y atención a los menores inmigrantes en Madrid y otras comunidades autónomas. La resolución del Tribunal Supremo será clave para determinar cómo se procederá en los próximos meses.
