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La Audiencia Nacional ha reanudado el juicio sobre la trama Lezo, en el que se encuentran sentados en el banquillo 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo, exconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, y Juan Bravo Rivera, exconsejero de Hacienda. Este proceso se centra en la operación de expansión del Canal de Isabel II en Colombia, que tuvo lugar en 2001, y que se investiga por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
Detalles del Juicio y Acusaciones
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de entre seis y siete años de prisión para los acusados, argumentando que la compra del 75% de la empresa colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares se realizó a un precio inflado. Según las conclusiones provisionales, la operación se llevó a cabo indirectamente a través de la panameña Aguas de América S.A., lo que generó un «sobreprecio indebido» que oscila entre 19.066.500 y 29.013.109 euros.
Durante su declaración, Pedro Calvo defendió la legalidad de la operación, afirmando que fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración del Canal, el cual incluía representantes de diferentes grupos políticos y entidades empresariales. Calvo subrayó que no observó irregularidades ni sobreprecios en la transacción.
Defensas y Testimonios
Juan Bravo Rivera también negó las acusaciones, sosteniendo que no hubo aprobación con sobreprecio. Además, otros exdirectivos colombianos involucrados en el caso han declarado que no se pagaron comisiones para llevar a cabo la operación y que proporcionaron toda la documentación necesaria para su viabilidad.
El entonces director gerente del Canal, Arturo Canalda, corroboró que no obtuvo beneficios personales ni sospechó sobre un precio injustificado. Varios miembros del Consejo coincidieron en que no vieron irregularidades durante el proceso.
