El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno madrileño, presidido por Isabel Díaz Ayuso, contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de la nación. Según el documento al que ha accedido Europa Press, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid interpuso el recurso el pasado viernes, solicitando también la suspensión del real decreto como medida cautelar. La Administración General del Estado tiene ahora cinco días para alegar sobre las cautelares solicitadas por el Ejecutivo madrileño.
Desde el Gobierno regional se justifica la presentación de este recurso argumentando que afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños al no articular mecanismos de financiación y provisión de medios, además de contravenir la normativa de la Unión Europea y afectar a la seguridad.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, alertó sobre las deficiencias en el proceso estatal de regularización de migrantes que va en contra de los pactos europeos en la materia. Además, reiteró la postura de la Comunidad de Madrid en favor de una inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo, en contraposición al caos que, según él, representa el Gobierno central.
García Martín denunció algunas de las deficiencias del proceso, como la facilidad para acreditar el arraigo con solo cinco meses de estancia en España, la posibilidad de regularizar a inmigrantes en situación irregular con antecedentes penales, e incluso a aquellos que se encuentran en prisión provisional. Esta postura refleja la preocupación del Gobierno madrileño por el impacto que esta regularización extraordinaria podría tener en la sociedad y los servicios públicos de la región.
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