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La comisión judicial ha iniciado el proceso de desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años que ha residido en su hogar en la calle Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid durante los últimos 70 años. Este desalojo se produce tras el rechazo de la propiedad a las propuestas presentadas para aplazarlo, lo que ha llevado a la abogada de Maricarmen a informar sobre el inminente lanzamiento.
Desalojo y movilización social
En las primeras horas del desahucio, los agentes de policía comenzaron a abrir la puerta del edificio con mazas, después de retirar a los activistas que se habían sentado en la entrada para impedir el desalojo. Decenas de personas se han concentrado en las cercanías del domicilio, organizando protestas para evitar este cuarto intento de desahucio.
Un grupo de aproximadamente cuarenta activistas del Sindicato de Inquilinas de Madrid se ha manifestado frente al edificio, y algunos han sido desalojados por la Policía Nacional. La situación ha generado un gran revuelo en la comunidad local, que se muestra solidaria con Maricarmen.
Reacciones políticas y sociales
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha calificado el desahucio como una «indecencia» y ha exigido que se cumpla el acuerdo gubernamental para aprobar un nuevo decreto de vivienda. En sus declaraciones, Bustinduy criticó a partidos como el PP, Vox y Junts, que han bloqueado la prórroga de la moratoria antidesahucios para familias vulnerables.
Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también ha expresado su indignación ante la situación, señalando que es intolerable que casos como el de Maricarmen sigan ocurriendo en España. Rufián advirtió sobre las consecuencias políticas que podría tener este problema para el Gobierno.
Punto de vista institucional
A pesar del despliegue policial en las inmediaciones del domicilio, la Delegación del Gobierno en Madrid se ha distanciado del operativo, afirmando que la Policía Nacional actúa bajo mandato judicial. Han declarado estar en contra del desahucio, aunque han enfatizado que deben cumplir con los requerimientos judiciales para garantizar la seguridad durante el proceso.
Las decisiones sobre el acceso y las condiciones del operativo son competencia exclusiva de los responsables policiales bajo mandato judicial. Esta postura refleja una compleja interacción entre las autoridades locales y las decisiones judiciales en materia de vivienda.
Aportaciones desde el Ayuntamiento
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ofrecido a Maricarmen «un recurso habitacional inmediato» si así lo desea. En sus declaraciones, Almeida subrayó la necesidad de que las administraciones no se desentiendan ante situaciones tan difíciles como la que enfrenta esta anciana. El alcalde destacó la importancia de actuar desde cada ámbito competencial para mitigar esta «situación dramática».
A medida que avanza este caso mediático, queda claro que la comunidad madrileña está atenta y movilizada ante situaciones similares que afectan a sus vecinos más vulnerables.
