Un grupo de alrededor de cincuenta personas se reunieron el jueves frente a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para entregar 350 firmas exigiendo la restitución del suministro eléctrico, el cual fue interrumpido por las empresas en octubre de 2020.
En la concentración estuvieron presentes representantes de las asociaciones Vecinal Sector 5, AMAL y Vecinal Barrio Unidos Sector 4, respaldados por la plataforma Cívica Luz Ya de Cañada Real y representantes de Más Madrid, Podemos e IU.
María López, representante de la plataforma cívica por la luz en Cañada Real, informó que alrededor de 4.500 vecinos llevan casi cuatro años y medio sin electricidad. También recordó la condena del Consejo de Europa a España por la grave vulneración de derechos en Canadá, relacionados con la vivienda, la electricidad, la protección familiar, la exclusión y la pobreza.
Los vecinos vuelven a presentarse para exigir un suministro eléctrico legal, con contratos y garantías, como ciudadanos con derechos. Quieren poder pagar y tener seguridad en sus servicios.
El portavoz de la plataforma indicó que acuden al Ministerio de Medio Ambiente porque depende de él el Comisionado de Cañada Real, que tiene la obligación de promover un suministro legal y proporcionar información para que los vecinos puedan realizar contratos adecuados.
López también destacó que el Pacto Regional por Cañada Real firmado por todos los partidos en 2017 se estableció para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Destacó la importancia de garantizar el suministro eléctrico como un derecho básico y esencial.
Según el portavoz, el Pacto Regional se ha ignorado y se han acordado planes de reasentamiento que violan sus principios. Las reubicaciones se han realizado al margen de la ley, lo que ha generado conflictos y problemas para los residentes.
Hasta ahora, se ha intentado usar la falta de electricidad como un medio para expulsar a la población. Esta situación ha generado sufrimiento innecesario para niños, ancianos y personas con discapacidad.
Las excusas de las empresas sobre el uso fraudulento de la electricidad para cultivos de marihuana son inaceptables. La falta de electricidad ha afectado negativamente a la vida de los residentes, violando sus derechos fundamentales.
En este momento, las administraciones están fallando en cumplir con la ley y la Constitución en Cañada Real. Es necesario actuar para restablecer el suministro eléctrico y garantizar el bienestar de la comunidad.
EL APOYO DE LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA
En el acto también participó Martina Velarde, diputada de Podemos en el Congreso, quien denunció la falta de cumplimiento del Pacto Regional de La Cañada y la violación de los derechos humanos de los residentes.
Velarde se solidarizó con los vecinos y destacó la importancia de legalizar la electricidad para garantizar la salud y la vida de todos.
Alicia Torija, diputada de Más Madrid en la Asamblea, criticó la inacción de las administraciones en el restablecimiento del suministro eléctrico y la falta de presupuesto para el reasentamiento de los residentes.
Álvaro Aguilera, coordinador de IU en Madrid, condenó la falta de respeto a los derechos humanos y la precaria situación en la que viven las familias trabajadoras de La Cañada. Criticó a la Comunidad por su falta de acción en medio del invierno y las condiciones inhumanas en las que se encuentran los residentes.
