La 90ª edición de la Vuelta a España cerró de manera inédita este domingo en Madrid, con protestas pro-Palestina que bloquearon el recorrido final en el centro de la ciudad. Estas protestas obligaron a suspender la etapa y cancelar la ceremonia de podio, convirtiendo lo que debía ser una celebración deportiva en un enfrentamiento político. Hubo cargas policiales y lanzamiento de objetos en zonas como Atocha y el Paseo del Prado.
Los ciclistas tuvieron que detenerse en varias ocasiones al entrar en la capital, neutralizando la carrera antes de que se anunciara la suspensión definitiva. La cancelación de la etapa final de la Vuelta se convirtió en un símbolo de cómo la protesta política puede imponerse a un evento deportivo internacional.
El Gobierno defendió la legitimidad de las protestas, con figuras como Pedro Sánchez admirando el esfuerzo de los ciclistas y mostrando apoyo a la causa palestina. Por otro lado, la oposición y Madrid responsabilizaron a Sánchez por la situación, con acusaciones de alentar las protestas con declaraciones incendiarias.
La suspensión de la Vuelta fue celebrada por partidos como Podemos y Sumar, quienes consideraron que fue un triunfo de la movilización y un gesto de solidaridad con Palestina. El debate sobre cómo conciliar la libertad de expresión, la seguridad pública y la neutralidad deportiva se convierte en una de las grandes cuestiones abiertas tras este evento histórico.
En resumen, la cancelación de la Vuelta a España 2025 en Madrid ha generado un choque político entre el Gobierno, la oposición y la ciudadanía, marcando un hito en la política española.