El organismo competente ha justificado recientemente la prohibición de una concentración en Madrid a través de informes policiales que alertaban de un alto riesgo de alteración del orden público y la posibilidad de incurrir en un delito de odio. La resolución argumenta que dicho evento vulneraría el derecho a la intimidad y a un entorno seguro de los menores migrantes, en concordancia con la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Además, se destaca que el derecho de reunión no ampara actos que impliquen hostigamiento o discriminación hacia colectivos vulnerables, ni aquellos que representen un peligro real para la convivencia o la integridad de las personas. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha subrayado que la protesta estaba dirigida a hostigar a los menores en la puerta de su casa, y que la Policía Nacional había identificado un nivel elevado de riesgo de incidentes.
En medio de este contexto, Martín ha criticado a Vox por presentar los centros de acogida de menores migrantes como focos de inseguridad, calificando este discurso como falsario y criminalizador. Asimismo, ha instado al Partido Popular a distanciarse de mensajes considerados como de odio, y ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de sumarse a esta tendencia, supuestamente alentada por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Por otra parte, poco antes de que se prohibiera la concentración, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, defendió el evento como un gesto de solidaridad con la víctima y su familia. La dirigente justificó la convocatoria en nombre de todas las víctimas de la inmigración ilegal, criticando la presencia cada vez más numerosa de centros como el de Hortaleza, donde, según sus afirmaciones, se internan a varones jóvenes de culturas incompatibles con Occidente.
Este no es el primer caso en el que la Delegación del Gobierno toma esta decisión, ya que en mayo pasado también prohibió una concentración convocada por la Asociación Núcleo Nacional frente al mismo centro de acogida, con el objetivo de proteger la seguridad y los derechos de los menores.
