La nueva ordenanza del taxi en la capital de Madrid está a punto de recibir la aprobación definitiva después del verano. Esta normativa traerá consigo cambios significativos para los conductores de taxi en la ciudad. Entre las novedades más destacadas se encuentra la obligatoriedad de contar con estudios mínimos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para poder ejercer como conductor de taxi.
Además, se introducirá un sistema de licencia por puntos que estará vinculado a la normativa del sector y será aplicable al titular de la licencia. También se requerirá que todos los taxis cuenten con GPS, y se permitirá que los vehículos con etiquetas C funcionen como eurotaxis adaptados, con el objetivo de aumentar la flota de vehículos adaptados en un 5%, una cifra actualmente por debajo de la demanda.
Los eurotaxis serán los únicos autorizados a trabajar los siete días de la semana, mientras que el resto de los taxis solo podrán hacerlo cinco días. Sin embargo, aquellos vehículos eléctricos puros que hayan sido adscritos a las licencias antes de la modificación podrán seguir trabajando siete días a la semana hasta que alcancen la edad máxima de diez años, que es el límite permitido para los taxis.
Adicionalmente, se establecerán nuevos requisitos para los titulares de licencias de eurotaxi, como la adscripción a una entidad de intermediación que permita reservar el servicio con al menos 24 horas de antelación. También se exigirá a los titulares realizar un mínimo de 150 servicios de eurotaxi al año, dado que actualmente se ha observado que el servicio prestado es insuficiente, con un 40% de los titulares realizando menos de 100 servicios anuales.
Por último, se implementará un sistema de licencia por puntos que permitirá retirar puntos a los titulares que cometan infracciones a la normativa del sector, como el incumplimiento del régimen de descanso, el engaño al usuario con el precio o la recogida de pasajeros fuera de las paradas oficiales establecidas.
Estas medidas buscan mejorar la calidad del servicio de taxi en la capital y garantizar una mayor accesibilidad para las personas con movilidad reducida, así como promover prácticas más seguras y transparentes en el sector del transporte público.
FUENTE
