En Madrid, el día 12 de agosto, se declaró la fase de preemergencia del plan estatal ante los numerosos incendios que han afectado a la región. Esta declaración se basa en criterios meteorológicos, topográficos y otros, que van desde el nivel 0, cuando el fuego afecta solo a bienes forestales y es controlable con medios locales, hasta el nivel 3, donde se aprecia una amenaza grave a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia.
La competencia en la lucha contra incendios es principalmente autonómica, pero el Ministerio del Interior puede declarar el Nivel 3 de alerta cuando la gravedad del fuego supone una amenaza extrema para la población, infraestructuras o masas forestales, desbordando los recursos autonómicos.
La normativa estatal regula los mecanismos de coordinación y los planes regionales y estatales para combatir incendios, estableciendo niveles de amenaza del Nivel 0 al Nivel 3, cuando el Ministerio del Interior asume la gestión. Los criterios para clasificar la amenaza pueden ser diversos, incluyendo aspectos meteorológicos y topográficos.
Las situaciones de emergencia van desde la Situación 0, donde los incendios afectan solo a bienes forestales y pueden ser controlados localmente, hasta la Situación 3, donde se declara la emergencia de interés nacional debido a la gravedad del incendio y la amenaza para la población e infraestructuras.
La planificación coordinada de la protección civil ante incendios forestales se basa en una directriz aprobada por Real Decreto en 2013, que establece niveles de planificación a nivel estatal, autonómico y local. El Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF) es el encargado de coordinar todos los medios de lucha contra incendios a nivel nacional.
En este contexto, las comunidades autónomas tienen competencias en materia de protección civil, incluyendo la regulación, planificación y ejecución de medidas ante emergencias y la coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios. Por ejemplo, Castilla y León atribuye al ejecutivo autonómico competencias en este ámbito, como se establece en su Estatuto.
La gestión de los incendios forestales requiere una acción coordinada entre diferentes niveles de gobierno y organismos, garantizando una respuesta eficaz y rápida ante situaciones de emergencia que puedan poner en peligro a la población y al entorno natural.
