La Comunidad dice que los expedientes de responsabilidad patrimonial se basan en «criterios jurídicos y técnicos»
La tasación de las viviendas marcará este lunes el inicio de la batalla judicial de los afectados por las obras de la Línea 7B de Metro contra la Comunidad de Madrid por las «ínfimas» indemnizaciones que aseguran haber recibido por los derribos de sus viviendas.
La Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará toda la semana, menos el miércoles, vistas con la práctica de la pruebas solicitadas por las partes. El procedimiento contencioso aglutina un total de 28 demandas vecinales.
En las vistas del juicio, que serán públicas y se celebrarán a las 10 horas en el salón de actos del TSJM, los magistrados procederán a la práctica de la prueba. Este lunes, los peritos realizarán la tasación de las viviendas, mientras que el viernes tendrán lugar las periciales psicológicas a instancias de los abogados de los damnificados.
La Sala tendrá que pronunciarse sobre la cantidad a indemnizar a cada uno de los demandantes conforme a los informes periciales que hayan aportado a la causa.
Desde la asociación de Afectados Rafael Alberti y Presa critican que la Comunidad de Madrid sustente las indemnizaciones en una tabla rasa sin tener en cuenta los metros de las viviendas y otros parámetros, lo que tacha de «injusto».
«Se nos da menos que cuando pasó lo del barrio del Carmel en Barcelona hace 20 años — en 2005, el hundimiento de un túnel del metro obligó al desalojo de 530 viviendas–«, ha denunciado el presidente de la asociación, destacando que el daño moral sufrido por los afectados es importante teniendo en cuenta que hay casos en los que los vecinos perdieron todo.
Los afectados reclaman a la Comunidad de Madrid que al menos las compensaciones se ajusten al valor del mercado de las viviendas, dado que las cantidades que les dan son a su juicio ínfimas para afrontar el coste actual de una casa.
MAYOR COMPENSACIÓN
El colectivo exige al Gobierno regional una compensación mayor a la que recibieron por los daños en sus viviendas. Las indemnizaciones ofrecidas por la Comunidad de Madrid oscilan entre 136.000 y 355.000 euros, con compensaciones adicionales de 10.000 a 33.000 euros por garaje.
Frente a ello, los vecinos consideran insuficientes estas indemnizaciones, dado que el precio de las viviendas en esta zona asciende a unos 250.000 euros.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Plataforma 7B Afectados por Metro, Alejandro Escribano, ha subrayado que será «uno de los primeros conatos que va a haber para exigir justicia a los tribunales en este sentido» y, en este sentido, ha explicado que más vecinos «a lo largo de los próximos meses y a lo largo de los próximos años» van a acudir a los tribunales «a buscar la justicia que se nos ha negado».
«Desde la Plataforma Afectados por Metro consideramos muy positivo que los vecinos afectados acudan a los tribunales a exigir lo que la falta de voluntad política del Gobierno de la Comunidad de Madrid les ha negado, que es la vivienda que tenían antes y que ahora ha sido derribada por culpa de la negligencia de Metro», ha defendido el portavoz.
CRITERIOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha recordado que las valoraciones que se realizan en los expedientes de responsabilidad patrimonial se basan en «criterios jurídicos y técnicos» y, en este caso, con informes de tasación realizados por empresas avaladas por el Banco de España.
Así, han recalcado que, además de incluir el valor de la vivienda, en los expedientes también se contemplan los daños y perjuicios ocasionados por el desalojo y posterior derribo, gastos de mudanzas, guardamuebles y pérdida de muebles y enseres que quedaron en la vivienda. En este sentido, también recoge el daño moral y el lucro cesante.
En cualquier caso, desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras han recalcado que los vecinos afectados están en su derecho de realizar las acciones judiciales que consideren oportunas si no están de acuerdo con la valoración realizada. «El Gobierno de la Comunidad Madrid respeta esta decisión, así como el proceso judicial que se deriva de estas acciones», ha remarcado a Europa Press.
