Tras meses de tensiones entre el Gobierno y las comunidades del Partido Popular por la acogida obligatoria de casi 4.000 menores migrantes en Canarias, finalmente el Consejo de Ministros ha confirmado que las reubicaciones comenzarán el 28 de agosto.
El delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha criticado el reparto desigual entre las comunidades autónomas, señalando la exclusión de Cataluña y el País Vasco. Fernández ha expresado su preocupación por el incumplimiento de resoluciones y sentencias del Tribunal Supremo por parte del Gobierno, haciendo hincapié en la importancia de brindar una respuesta social a esta situación.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo debido a la llegada de 647 menores a la región, cuestionando los nuevos criterios de distribución establecidos por el Real Decreto Ley. Esta acción busca detener el reparto previsto para finales de agosto.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha calificado el reparto como injusto e insolidario, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de ceder ante los partidos independentistas. La Comunidad de Madrid ha iniciado una ofensiva legal contra estas medidas, alegando que invaden las competencias autonómicas en la protección de menores migrantes no acompañados.
En medio de esta controversia, se espera que la reubicación de los menores migrantes genere más debate y tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, especialmente aquellas lideradas por el Partido Popular.
