El conflicto institucional en torno a las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha alcanzado un punto crítico este miércoles, con el Ayuntamiento de Madrid y Aena en el centro de la controversia.
El Ayuntamiento de Madrid ha calificado la decisión de Aena de impedir el acceso nocturno a las terminales como «cruel», acusando tanto a la empresa pública como al Gobierno central de incumplir acuerdos previamente establecidos y abandonar su responsabilidad social. Aena, por su parte, ha negado rotundamente estas acusaciones, recordando que los servicios sociales dependen exclusivamente del Ayuntamiento.
El equipo municipal liderado por José Luis Martínez-Almeida ha expresado su malestar a través de un comunicado, denunciando que la medida de desalojo se tomó de forma unilateral y sin previo aviso. El Ayuntamiento lamenta que esta acción haya interrumpido la labor de los Equipos de Calle, quienes estaban trabajando con las personas sin hogar para ofrecerles alternativas de alojamiento.
Además, el consistorio ha criticado a Aena por incumplir su compromiso de realizar un censo de las personas sin hogar, lo que dificulta una atención individualizada. En protesta, el Ayuntamiento ha anunciado que no participará en las mesas técnicas hasta que se resuelva lo que consideran una falta de lealtad institucional.
Aena se ha defendido de las acusaciones, argumentando que el centro de acogida habilitado por el Ayuntamiento tiene suficientes plazas disponibles para atender al reducido número de personas sin hogar que aún pernoctan en el aeropuerto. La empresa sostiene que los aeropuertos no son espacios habitables y que han ofrecido colaboración constante para facilitar el trabajo de los equipos sociales del Ayuntamiento.
El origen del conflicto parece ser la exigencia de un censo por parte del Ayuntamiento, que Aena considera innecesario para atender a estas personas. Mientras tanto, el Gobierno de España no ha emitido comentarios al respecto, a pesar de ser también responsabilizado por el Ayuntamiento por «desentenderse» de la situación.
En medio de estos cruces de reproches y responsabilidades, el conflicto político amenaza con paralizar la coordinación entre las administraciones y dejar sin cobertura a uno de los colectivos más vulnerables de la capital. La situación pone de manifiesto la complejidad de abordar la problemática de las personas sin hogar y la necesidad de una mayor colaboración y coordinación entre las diferentes entidades involucradas.
