El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha tomado la decisión de notificar al centro de refugiados de la ciudad el cese temporal de su actividad. Esto se debe a que se ha constatado que las instalaciones no cuentan con la licencia correspondiente para operar como residencia, sino que están autorizadas únicamente para actividades docentes. Esta situación ha llevado a la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, a acusar al Gobierno central de «negligencia institucional», especialmente ante la posibilidad de que migrantes africanos sean trasladados al centro desde Canarias.
Según Tejero, el centro ha experimentado una transformación repentina para convertirse en una residencia para más de medio millar de personas, sin contar con la autorización necesaria y en contravención de la legislación vigente. La alcaldesa ha enfatizado la irresponsabilidad de alojar a individuos en un lugar sin licencia, sin supervisión y sin garantías de seguridad.
La resolución de cerrar temporalmente el centro se ha tomado luego de una inspección realizada por el Ayuntamiento de Pozuelo, tras enterarse de los planes del Gobierno de trasladar de forma permanente a 400 menores solicitantes de asilo al lugar. Desde el Consistorio se ha manifestado repetidamente en contra de utilizar el centro como residencia permanente.
Una vez notificada la orden de cierre temporal, el centro dispone de quince días para presentar alegaciones. No obstante, deberá cesar sus operaciones, lo que implicará que el Ejecutivo deberá reubicar a los residentes actuales en otras instalaciones. Para el Ayuntamiento, lo primordial es asegurar que se cumplen las condiciones necesarias para garantizar el bienestar y la seguridad de los residentes del centro.
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