El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado que los Servicios Jurídicos están analizando el requerimiento del Gobierno central en relación con los objetores de conciencia del aborto. En este sentido, ha defendido la capacidad de autoorganización en materia sanitaria de la región.
Estas declaraciones se produjeron en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, luego de que la ministra de Sanidad, Mónica García, informara que el Gobierno había enviado un requerimiento formal a las comunidades de Madrid, Aragón y Baleares por no cumplir con el registro de objetores, una herramienta fundamental para garantizar los derechos de los profesionales sanitarios, obligatoria para todas las comunidades autónomas.
García Martín criticó la acción del Gobierno central, calificándola como una cortina de humo para desviar la atención de otros temas como el político José Luis Ábalos. Además, cuestionó que se esté sacando a relucir este tema, que considera superado en el país, cuando en el último año se han realizado 106.000 abortos, un 20% de ellos en la región madrileña. Afirmó que cualquier mujer que cumpla con los supuestos legales puede acceder a la interrupción del embarazo.
Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el aborto, calificándolas de machistas y señalando que él no tiene la autoridad para hablar en nombre de las mujeres.
En resumen, la Comunidad de Madrid se encuentra en medio de una controversia con el Gobierno central en relación con el registro de objetores de conciencia del aborto, manteniendo su postura de no realizar dichos registros y defendiendo la libertad de decisión de las mujeres en esta materia.
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