El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que impugnará el real decreto de creación de universidades por considerarlo «un ataque sin precedentes contra la iniciativa privada, la libertad de cátedra, de empresa y de educación». Según el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, esta medida atenta contra la Constitución, la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, el principio de jerarquía normativa y la irretroactividad de las normas.
El Ejecutivo central ha aprobado este real decreto con el objetivo de que todas las universidades, sin importar su ubicación, cumplan con unos estándares de calidad. En los últimos años se han reconocido 27 universidades privadas, mientras que la última universidad pública se creó en 1998 con la Universidad Politécnica de Cartagena.
Desde la Comunidad de Madrid se ha criticado duramente esta normativa, calificándola de «esperpento» normativo. Se argumenta que esta medida no busca incrementar la calidad de las universidades españolas, sino que responde a una finalidad ideológica, introduciendo requisitos arbitrarios como un número mínimo de alumnos para establecer un nuevo proyecto universitario.
En respuesta a esta situación, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha manifestado su oposición al real decreto y ha anunciado que utilizarán todas las herramientas legales a su alcance para combatirlo.
Esta controversia pone de manifiesto la tensión existente entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de educación, así como la importancia de garantizar la calidad y la diversidad en el sistema universitario español.
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