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La Comunidad de Madrid ha reiterado su exigencia de desalojo de la acampada en la Puerta del Sol, instando al Delegado del Gobierno a actuar de manera inmediata. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha calificado la acampada como «absolutamente ilegal» y ha subrayado que su permanencia está causando un «perjuicio muy importante» a los vecinos y a los madrileños en general.
Impacto en la Comunidad Local
García Martín ha expresado su preocupación por el impacto que esta situación está generando en los residentes de la zona, quienes no pueden disfrutar de una plaza que debería ser de uso común. «Tenemos una plaza tomada donde ha habido actos vandálicos, donde los comerciantes y los vecinos no pueden más», ha declarado el consejero, haciendo un llamado urgente para que se actúe y se desaloje el área.
La situación ha llevado a la Comunidad de Madrid a solicitar medidas cautelarísimas para lograr el desalojo inmediato del asentamiento promovido por el Sindicato de Inquilinas. Esta solicitud se produjo tras las acusaciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, hacia el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por permitir lo que ella considera una «acampada ilegal».
Decisión Judicial sobre el Desalojo
A pesar de las solicitudes del Gobierno regional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el desalojo inmediato, estableciendo un plazo hasta la mañana del miércoles para que las partes involucradas lleguen a un acuerdo. Esta decisión ha generado un debate sobre la legalidad y las implicaciones sociales de la acampada en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.
Los vecinos continúan expresando su frustración ante una situación que consideran insostenible. La falta de acción efectiva por parte del Gobierno central y local está alimentando tensiones en una comunidad que busca recuperar su espacio público.
